Abrimos las puertas y comenzamos un nuevo curso en la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM. La semana pasada disfrutamos de la primera sesión del Diploma de Alta Especialización en Derecho Penal Económico, en la que tuvimos la oportunidad de aprender un poco más sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas gracias a Mª Ángeles Villegas García, magistrada coordinadora del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, área Penal. María Ángeles realizó un análisis sobre la evolución del modelo de responsabilidad de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento, suscitando un interesante debate.

Por su parte, Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, catedrático de derecho penal de la UCM y socio de Oliva-Ayala Abogados, hizo un repaso de la novedosa Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección al informante, aclarando que debe ser interpretada siempre al amparo del art. 24 de la CE que rige también para las personas jurídicas.

Tras un café compartido entre alumnos y ponentes, en el que los asistentes siguieron comentando las cuestiones suscitadas, tuvo lugar una interesante mesa redonda, en la que se analizaron diversas claves sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En la mesa, moderada por Mª Ángeles Villegas García, participaron Miguel Ángel Encinar del Pozo (magistrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, área Penal), Fernando Pinto Palacios (magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, área Penal) y Laura Martínez-Sanz Collados (socia de Oliva-Ayala Abogados).

En ella se debatió sobre la necesidad de una legislación clara para las investigaciones internas, el conflicto que suscitan las obligaciones de denuncia y vigilancia de empleado y el empresario, el derecho de no autoincriminación que asiste a la persona jurídica en el procedimiento penal y las nuevas responsabilidades de la persona jurídica en el control de los empleados, así como de la superación de la doctrina Barbulescu en la obtención de evidencias en el seno de las investigaciones internas.