Oliva-Ayala Abogados

¿Puede derivar en responsabilidad penal la restricción de las licencias VTC?

Por María Gutiérrez Rodríguez

La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 8 de junio de 2023, ha declarado contraria al Derecho comunitario la restricción a las licencias de arrendamiento de vehículos de transporte con conductor (VTCs) denominada ratio 1:30 (1 licencia VTC por cada 30 de taxi), adoptada en 2018 por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) –una medida que también se recoge en la legislación nacional de transportes terrestres–.

 

Según el TJUE, tanto la mencionada ratio como la exigencia de una segunda autorización son restricciones a la libertad de establecimiento, pues limitan el acceso al mercado. Tales restricciones solo pueden estar justificadas por una razón imperiosa de interés general y han de respetar el principio de proporcionalidad. Aun cuando el TJUE acepta que la buena gestión del transporte y la protección del medioambiente pueden ser intereses generales dignos de protección, niega que la restricción del número de licencias fuera idónea y proporcionada a tales fines.

Una reciente sentencia del TJUE asegura que dicha limitación en Barcelona “es contraria al Derecho de la Unión”

La Sentencia resulta interesante porque no se detiene en la regulación del AMB, va más allá y afirma que garantizar la viabilidad económica de los taxis o preservar el equilibrio entre taxis y VTCs –objetivos con los que las autoridades en España han venido justificando las restricciones adoptadas durante estos últimos años en todos los ámbitos (nacional, autonómico y local)– tiene un carácter puramente económico y no puede constituir una razón imperiosa de interés general. Así, el TJUE prohíbe, por discriminatorias, medidas que persigan garantizar la rentabilidad del servicio taxi o preservar ese supuesto equilibrio, en detrimento de otros competidores.

La advertencia

«Los poderes públicos deben asumir que los excesos de protección a favor de un competidor están prohibidos».

Por su parte, la Comisión Europea, en una Comunicación de 2022, ya señaló el deber de las autoridades de respetar las libertades fundamentales sobre las que se sustenta el mercado único, exigiendo a los Estados miembros que adecúen las normas vigentes en este sector al Derecho de la UE. Las restricciones a la libertad de establecimiento solo pueden venir amparadas por objetivos legítimos, ser proporcionales y no discriminatorias. La Comisión criticó en sus recomendaciones las obligaciones impuestas a las VTCs sin justificación legítima, como la norma de “regreso a garaje” o el establecimiento de un tiempo de espera entre la reserva y el inicio del servicio.

También en nuestro país se han dictado en los últimos meses varias sentencias (incluyendo del Tribunal Supremo) que declaran contrarias a la libertad de empresa reconocida en la Constitución y a la Ley de Garantía de Unidad del Mercado, las normas de algunas comunidades autónomas con restricciones a las VTCs, incluyendo, por ejemplo, el tiempo mínimo de espera y la prohibición de geolocalización. Asimismo, se han declarado ilegales otras restricciones municipales, como las referidas al periodo de contratación, a la prohibición de estacionar en la vía pública o a determinada distancia de estaciones, aeropuertos o similares y la obligación de adquirir vehículos cero emisiones. Todas estas resoluciones han dado razón a las autoridades de competencia españolas en su impugnación de este tipo de medidas por ser contrarias a la libre competencia y a la unidad de mercado.

No obstante, todavía quedan otras restricciones en vigor, que –en aras de dar cumplimiento al Derecho de la Unión y a otras normas españolas–, deberían desaparecer, como la impuesta por el conocido coloquialmente como “Decreto Ábalos”, que desde octubre de 2022 solo permite servicios interurbanos, pues resultan asimismo contrarias a las libertades fundamentales del mercado único.

El mandato al regulador no puede ser más claro: no pueden seguir amparándose restricciones que discriminan a las VTCs frente a sus competidores –los taxis–, con fundamento en la protección económica de éstos, ni escudarse en intereses generales (por ejemplo, el medio ambiente) para imponer tratamientos desiguales que resultan arbitrarios. Evidentemente no se pueden justificar restricciones a las VTCs por cuestiones medioambientales o de tráfico que no afecten a los taxis en igualdad de condiciones.

El sector seguirá evolucionando y los poderes públicos deben asumir –pues así se desprende de forma palmaria de los pronunciamientos judiciales recientes– que los excesos de protección a favor de un competidor están prohibidos. La regulación en esta materia debe abandonar las preferencias o privilegios injustos y agraviantes. Tanto es así, que perpetuar restricciones discriminatorias en contra del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad, podría conllevar incluso responsabilidades personales en el ámbito penal. En este sentido, conviene recordar que el Tribunal Supremo en el caso ERES (STS 749/2022, de 13 de septiembre) consideró que las resoluciones que integran el procedimiento de elaboración de proyectos de ley son asunto administrativo y, por tanto, susceptibles de integrar el delito de prevaricación.

 

Publicado en La Vanguardia