La reforma procesal penal que cambiará la defensa empresarial
Entrevista a Jaime González Gugel
El proyecto de nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal supone uno de los cambios más relevantes del sistema penal español en más de un siglo. Si finalmente se aprueba en los términos actuales, el Ministerio Fiscal asumirá la dirección de la investigación penal, desplazando al juez de instrucción a un papel de control de garantías.
Este rediseño estructural del proceso no es una mera modificación técnica: altera de forma directa la estrategia de defensa de empresas y directivos.
En un reciente reportaje publicado por Expansión, Jaime González Gugel, socio de Oliva-Ayala Abogados, analiza las implicaciones prácticas de esta reforma para el ámbito empresarial.
Un cambio histórico con cautela profesional
Según explica González Gugel, sobre el papel se trata de un cambio histórico. Sin embargo, recuerda que los intentos fallidos de reforma en el pasado justifican que los profesionales lo aborden con cierto escepticismo.
La atribución de la investigación al Ministerio Fiscal implica que será un único órgano quien valore cuestiones esenciales como el relato fáctico o la eficacia de los sistemas de cumplimiento normativo de la empresa. Este nuevo modelo, en su opinión, altera la dinámica de las investigaciones y exigirá adaptar la estrategia desde fases muy tempranas.
El impacto dependerá de la implementación
El alcance real de la reforma estará condicionado por los medios y la especialización con los que se dote a la Fiscalía, a los juzgados de garantías y a la policía judicial. Una fiscalía mejor formada y especializada podría contribuir a investigaciones más eficientes y a reducir las dilaciones indebidas en fase de instrucción, uno de los problemas estructurales actuales.
No obstante, también advierte del riesgo de una transición mal planificada. La experiencia reciente de otras reformas procesales demuestra que una implementación deficiente puede generar tensiones organizativas y colapsos en los órganos judiciales. De ahí la importancia de una transición progresiva y cuidadosamente diseñada.
Mayor exigencia para las empresas
El nuevo modelo procesal previsiblemente elevará el estándar de diligencia exigible a las compañías. Reforzar los programas de cumplimiento normativo dejará de ser una cuestión meramente preventiva para convertirse en un elemento estratégico dentro de la defensa penal corporativa.
Bien implementada, la reforma puede aportar mayor seguridad jurídica y procedimientos más técnicos; mal implementada, puede añadir complejidad y prolongar la incertidumbre durante la fase de transición.
